LAS AMENAZAS AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
El mecanismo judicial de restitución de tierras es sin duda valioso, pero será inane en su propósito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hectáreas, según los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de él, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los crímenes cometidos.
Claudia Liliana Erazo
Corporación Jurídica Yira Castro
Fuente de la imagen: www.eltiempo.com
No en vano se afirma que la impunidad es en sí misma una violación a los derechos humanos pues es la negación de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, tiene efectos devastadores para el acceso a la reparación integral y es la antítesis de las garantías de no repetición. Además pone en evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para brindar un recurso judicial eficaz y por lo tanto se constituye en la vulneración del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Con una tasa de impunidad que roza el 100%, el desplazamiento forzado en Colombia no sólo ha causado una grave crisis humanitaria padecida por más de siete millones de víctimas (el 15% de la población nacional), sino que se ha convertido en la más grande deuda de justicia tanto para las víctimas como para la sociedad en general que ha visto en los y las desplazadas forzadas los efectos de un conflicto armado desarrollado mayoritariamente en zonas rurales pero que ha impactado los centros urbanos que se convirtieron en los principales receptores de sus víctimas.
Todos los actores armados han sido responsables de hechos de desplazamiento y, frente a ellos, la respuesta de la administración de justicia ha sido la misma: ninguna. Con el resurgimiento del fenómeno paramilitar a finales de los 80, los niveles de degradación del conflicto armado tocaron su pico más alto. Se contaron por centenas las masacres, y por miles las desapariciones y ejecuciones de campesinos inermes bajo la mirada cómplice de agentes estatales. Los atroces actos de violencia paramilitar generaron innumerables hechos de desplazamiento forzado. Ante esta dinámica perversa que se prolongó por más de una década, numerosas voces empezaron a señalar que detrás del desplazamiento forzado existía el interés de despojar de sus tierras a las victimas, a fin de ejercer control territorial, apropiarse ilegalmente de ellas o para garantizar determinados proyectos económicos. Sin embargo y pese a la evidencia, la administración de justicia fue ciega y sorda frente a un fenómeno que empezaba a inundar las calles y las goteras marginales de grandes y pequeñas ciudades.
Es hasta el año de 1997 que con la expedición de la Ley 387 el Estado colombiano reconoce la existencia del desplazamiento forzado, que se venía registrando por organizaciones de la sociedad civil desde finales de la década del 80, y toma medidas para la atención humanitaria de las víctimas que para entonces ya ascendían a más de un millón y medio de personas. No obstante, solo hasta el año 2000 se incorpora en el código penal el delito de desplazamiento forzado y en el 2001 se toman las primeras medidas para la protección de predios abandonados o despojados, los cuáles son implementadas de manera regular hasta el año 2007, es decir, a 10 años de la Ley y casi 20 años después del recrudecimiento de este fenómeno por cuenta de la violencia paramilitar.
Con el proceso de desmovilización paramilitar iniciado en 2005 miles de familias campesinas, víctimas de desplazamiento y despojo en zonas de influencia de estos grupos, confiaron en que se develarían los responsables de su tragedia; sin embargo, las imputaciones formuladas a los pocos postulados que han pasado por la jurisdicción de justicia y paz han desconocido en su mayoría hechos de desplazamiento forzado y aún más el despojo de tierras. Tanto fiscales como jueces se han negado de manera sistemática a abordar este delito como un crimen de la mayor gravedad y la mayoría de las denuncias se encuentran en etapa preliminar. Esto resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que los comandantes paramilitares que se acogieron a la Ley 975 (Ley de “justicia y paz”) reconocieron su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos como las masacres, que originaron masivos episodios de desplazamiento forzado en sus zonas de control. El jefe paramilitar Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, ha reconocido que el objetivo del desplazamiento forzado era desalojar a los legítimos poseedores de tierras que consideraban atractivas a fin de apropiarse de ellas, para lo que se valieron de funcionarios públicos que facilitaron procesos de despojo disfrazados de actos legales de transmisión de dominio de numerosos predios en departamentos como el Magdalena.
Señala Jorge 40 en sus declaraciones que contó con la ayuda de hombres bajo su mando quienes le sirvieron de comisionistas encargados de “comprar” tierras a los campesinos, y quienes prestaban su nombre para hacer negocios fraudulentos sobre estos predios. Muchas de estas personas eran cercanas al gremio ganadero de la región y algunas han sido vinculadas a procesos judiciales por su pertenencia a grupos paramilitares y su participación en hechos entre los que se cuenta el desplazamiento forzado. Sin embargo, la gran mayoría no tienen condenas penales en su contra, son prófugas de la justicia o han salido en libertad por cumplir la pena alternativa de justicia y paz (8 años) sin que los jueces hayan proferido condena alguna en su contra, pese a los delitos imputados e incluso confesados. En los pocos casos en que hombres cercanos a Jorge 40 han sido condenados por desplazamiento forzado, las penas impuestas han sido mínimas y, adicionalmente, han recibido beneficios judiciales como la casa por cárcel.
Este es el caso del reconocido Augusto “El Tuto” Castro, confeso paramilitar al mando de Jorge 40 quien se acogió a la ley de justicia y paz en el año 2005, pero que al no ser vinculado a ningún proceso judicial continuó delinquiendo en la región, llegando a conformar en el 2012 un “Ejército Antirestitución” en el departamento del Magdalena, como respuesta a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras promulgada en el año 2011, la cual incorporó por primera vez un mecanismo judicial para la restitución de predios despojados o abandonados de manera forzada por las víctimas del conflicto, y cuyo programa piloto se concentró en el mencionado departamento ante la amplia documentación del despojo y abandono forzado allí padecido durante la década de control paramilitar.
Luego de las insistentes denuncias presentadas, en octubre de 2012 se dio su captura y su vinculación a un proceso por concierto para delinquir y desplazamiento forzado por los que recibió una condena de 8 años, la cual purga desde el año pasado en su finca de Ariguaní alegando problemas de salud para no cumplirla en establecimiento carcelario. Pero aún más perturbador resulta el hecho de que el señor Castro y su familia, también cuestionada por vínculos con los paramilitares, aún fungen como opositores en procesos de restitución de tierras en el departamento del Magdalena.
Recientemente los señores José Norberto “El Mono” Bedoya y Pedro Pimienta, exfuncionarios públicos del Magdalena señalados de pertenecer a grupos paramilitares, se “opusieron” de manera violenta a una diligencia judicial promovida por una familia campesina que pretendía el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenada la restitución de sus tierras ante la mirada pasmosa de la fuerza pública que acompañaba la diligencia. No hay sentencias judiciales en contra de estos sujetos pese a los innumerables dichos de paramilitares y campesinos de la región que los vinculan con hechos criminales, entre ellos el desplazamiento y el despojo de tierras.
Opositores de este talante abundan en regiones donde, como en el Magdalena, el control paramilitar incluyó la cooptación de funcionarios públicos civiles y militares, y donde se actuó con la complicidad de poderosos gremios económicos locales. Ahora no nos sorprenda que lobos vestidos de ovejas pretendan presentarse como víctimas de la ley de restitución de tierras mientras puedan ampararse en la generosa cobija de la impunidad. Y es que además cuentan con el poder para hacerse oír. Utilizan cuanta argucia jurídica para obstaculizar los procesos administrativos o judiciales de restitución, hacen uso de la intimidación y la amenaza para oponerse a los procesos judiciales, convocan actos masivos para desinformar, señalar e intimidar a la comunidad reclamante y tienen amigos en altos cargos, que hacen eco a sus pretensiones.
Incluso cuentan con representantes en el Congreso, quienes presentan iniciativas legislativas para reformar a su acomodo el mecanismo de restitución de tierras. Atacan con vehemencia el requisito de la buena fe exenta de culpa que deben demostrar si pretenden aclarar su relación con predios reclamados por despojo o abandono forzado. Se oponen a la inversión de la carga de la prueba que beneficia a quien reclama haber sido víctima de despojo o abandono forzado, para que sea al opositor a quien cobije esta presunción y, como si fuera poco, buscan incorporar la conciliación extrajudicial a los procesos de restitución, fórmula en la que están interesadas grandes empresas nacionales y extranjeras que no quieren ver cuestionados sus métodos de apropiación de predios en procesos de restitución y están dispuestos a pagar –dinero- por ese silencio.
El proceso de diálogo y negociación adelantado con la guerrilla de las FARC-EP nos ofrece dos escenarios de total relevancia para este tema. El primero es la creación de una justicia especial para la paz donde nos prometen una comisión de la verdad que se encargará de desenmascarar la verdad oculta en 50 años de conflicto armado, los más graves crímenes perpetrados y sus principales responsables. Si una comisión de este nivel no revela qué y quiénes estuvieron detrás del crimen que más víctimas ha dejado en este país, puede anticiparse su fracaso. Por otro lado, se creará un Tribunal a donde comparecerán todos aquellos máximos responsables de los crímenes más graves. Tal vez allí podamos ver sentados a empresarios, ganaderos, latifundistas, funcionarios públicos, entre otros tantos máximos responsables de la más agresiva contrarreforma agraria que ha vivido el país.
El segundo es la terminación del conflicto armado con esta guerrilla y la posibilidad de adelantar procesos de restitución en el sur del país y en otras zonas de marcada influencia guerrillera. Con dinámicas distintas pero con resultados idénticos, las FARC-EP han sido señaladas como responsables de un alto porcentaje de los desplazamientos internos, pero al igual que con la macrocriminalidad del paramilitarismo, estos hechos han sido altamente invisibilizados por la administración de justicia, pese a las numerosas sentencias emitidas en contra de los máximos comandantes de este grupo guerrillero.
El mecanismo judicial de restitución de tierras es sin duda valioso, pero será inane en su propósito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hectáreas, según los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de él, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los crímenes cometidos.
Fuente de la imagen: www.eltiempo.com
No en vano se afirma que la impunidad es en sí misma una violación a los derechos humanos pues es la negación de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, tiene efectos devastadores para el acceso a la reparación integral y es la antítesis de las garantías de no repetición. Además pone en evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para brindar un recurso judicial eficaz y por lo tanto se constituye en la vulneración del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Con una tasa de impunidad que roza el 100%, el desplazamiento forzado en Colombia no sólo ha causado una grave crisis humanitaria padecida por más de siete millones de víctimas (el 15% de la población nacional), sino que se ha convertido en la más grande deuda de justicia tanto para las víctimas como para la sociedad en general que ha visto en los y las desplazadas forzadas los efectos de un conflicto armado desarrollado mayoritariamente en zonas rurales pero que ha impactado los centros urbanos que se convirtieron en los principales receptores de sus víctimas.
Todos los actores armados han sido responsables de hechos de desplazamiento y, frente a ellos, la respuesta de la administración de justicia ha sido la misma: ninguna. Con el resurgimiento del fenómeno paramilitar a finales de los 80, los niveles de degradación del conflicto armado tocaron su pico más alto. Se contaron por centenas las masacres, y por miles las desapariciones y ejecuciones de campesinos inermes bajo la mirada cómplice de agentes estatales. Los atroces actos de violencia paramilitar generaron innumerables hechos de desplazamiento forzado. Ante esta dinámica perversa que se prolongó por más de una década, numerosas voces empezaron a señalar que detrás del desplazamiento forzado existía el interés de despojar de sus tierras a las victimas, a fin de ejercer control territorial, apropiarse ilegalmente de ellas o para garantizar determinados proyectos económicos. Sin embargo y pese a la evidencia, la administración de justicia fue ciega y sorda frente a un fenómeno que empezaba a inundar las calles y las goteras marginales de grandes y pequeñas ciudades.
Es hasta el año de 1997 que con la expedición de la Ley 387 el Estado colombiano reconoce la existencia del desplazamiento forzado, que se venía registrando por organizaciones de la sociedad civil desde finales de la década del 80, y toma medidas para la atención humanitaria de las víctimas que para entonces ya ascendían a más de un millón y medio de personas. No obstante, solo hasta el año 2000 se incorpora en el código penal el delito de desplazamiento forzado y en el 2001 se toman las primeras medidas para la protección de predios abandonados o despojados, los cuáles son implementadas de manera regular hasta el año 2007, es decir, a 10 años de la Ley y casi 20 años después del recrudecimiento de este fenómeno por cuenta de la violencia paramilitar.
Con el proceso de desmovilización paramilitar iniciado en 2005 miles de familias campesinas, víctimas de desplazamiento y despojo en zonas de influencia de estos grupos, confiaron en que se develarían los responsables de su tragedia; sin embargo, las imputaciones formuladas a los pocos postulados que han pasado por la jurisdicción de justicia y paz han desconocido en su mayoría hechos de desplazamiento forzado y aún más el despojo de tierras. Tanto fiscales como jueces se han negado de manera sistemática a abordar este delito como un crimen de la mayor gravedad y la mayoría de las denuncias se encuentran en etapa preliminar. Esto resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que los comandantes paramilitares que se acogieron a la Ley 975 (Ley de “justicia y paz”) reconocieron su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos como las masacres, que originaron masivos episodios de desplazamiento forzado en sus zonas de control. El jefe paramilitar Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, ha reconocido que el objetivo del desplazamiento forzado era desalojar a los legítimos poseedores de tierras que consideraban atractivas a fin de apropiarse de ellas, para lo que se valieron de funcionarios públicos que facilitaron procesos de despojo disfrazados de actos legales de transmisión de dominio de numerosos predios en departamentos como el Magdalena.
Señala Jorge 40 en sus declaraciones que contó con la ayuda de hombres bajo su mando quienes le sirvieron de comisionistas encargados de “comprar” tierras a los campesinos, y quienes prestaban su nombre para hacer negocios fraudulentos sobre estos predios. Muchas de estas personas eran cercanas al gremio ganadero de la región y algunas han sido vinculadas a procesos judiciales por su pertenencia a grupos paramilitares y su participación en hechos entre los que se cuenta el desplazamiento forzado. Sin embargo, la gran mayoría no tienen condenas penales en su contra, son prófugas de la justicia o han salido en libertad por cumplir la pena alternativa de justicia y paz (8 años) sin que los jueces hayan proferido condena alguna en su contra, pese a los delitos imputados e incluso confesados. En los pocos casos en que hombres cercanos a Jorge 40 han sido condenados por desplazamiento forzado, las penas impuestas han sido mínimas y, adicionalmente, han recibido beneficios judiciales como la casa por cárcel.
Este es el caso del reconocido Augusto “El Tuto” Castro, confeso paramilitar al mando de Jorge 40 quien se acogió a la ley de justicia y paz en el año 2005, pero que al no ser vinculado a ningún proceso judicial continuó delinquiendo en la región, llegando a conformar en el 2012 un “Ejército Antirestitución” en el departamento del Magdalena, como respuesta a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras promulgada en el año 2011, la cual incorporó por primera vez un mecanismo judicial para la restitución de predios despojados o abandonados de manera forzada por las víctimas del conflicto, y cuyo programa piloto se concentró en el mencionado departamento ante la amplia documentación del despojo y abandono forzado allí padecido durante la década de control paramilitar.
Luego de las insistentes denuncias presentadas, en octubre de 2012 se dio su captura y su vinculación a un proceso por concierto para delinquir y desplazamiento forzado por los que recibió una condena de 8 años, la cual purga desde el año pasado en su finca de Ariguaní alegando problemas de salud para no cumplirla en establecimiento carcelario. Pero aún más perturbador resulta el hecho de que el señor Castro y su familia, también cuestionada por vínculos con los paramilitares, aún fungen como opositores en procesos de restitución de tierras en el departamento del Magdalena.
Recientemente los señores José Norberto “El Mono” Bedoya y Pedro Pimienta, exfuncionarios públicos del Magdalena señalados de pertenecer a grupos paramilitares, se “opusieron” de manera violenta a una diligencia judicial promovida por una familia campesina que pretendía el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenada la restitución de sus tierras ante la mirada pasmosa de la fuerza pública que acompañaba la diligencia. No hay sentencias judiciales en contra de estos sujetos pese a los innumerables dichos de paramilitares y campesinos de la región que los vinculan con hechos criminales, entre ellos el desplazamiento y el despojo de tierras.
Opositores de este talante abundan en regiones donde, como en el Magdalena, el control paramilitar incluyó la cooptación de funcionarios públicos civiles y militares, y donde se actuó con la complicidad de poderosos gremios económicos locales. Ahora no nos sorprenda que lobos vestidos de ovejas pretendan presentarse como víctimas de la ley de restitución de tierras mientras puedan ampararse en la generosa cobija de la impunidad. Y es que además cuentan con el poder para hacerse oír. Utilizan cuanta argucia jurídica para obstaculizar los procesos administrativos o judiciales de restitución, hacen uso de la intimidación y la amenaza para oponerse a los procesos judiciales, convocan actos masivos para desinformar, señalar e intimidar a la comunidad reclamante y tienen amigos en altos cargos, que hacen eco a sus pretensiones.
Incluso cuentan con representantes en el Congreso, quienes presentan iniciativas legislativas para reformar a su acomodo el mecanismo de restitución de tierras. Atacan con vehemencia el requisito de la buena fe exenta de culpa que deben demostrar si pretenden aclarar su relación con predios reclamados por despojo o abandono forzado. Se oponen a la inversión de la carga de la prueba que beneficia a quien reclama haber sido víctima de despojo o abandono forzado, para que sea al opositor a quien cobije esta presunción y, como si fuera poco, buscan incorporar la conciliación extrajudicial a los procesos de restitución, fórmula en la que están interesadas grandes empresas nacionales y extranjeras que no quieren ver cuestionados sus métodos de apropiación de predios en procesos de restitución y están dispuestos a pagar –dinero- por ese silencio.
El proceso de diálogo y negociación adelantado con la guerrilla de las FARC-EP nos ofrece dos escenarios de total relevancia para este tema. El primero es la creación de una justicia especial para la paz donde nos prometen una comisión de la verdad que se encargará de desenmascarar la verdad oculta en 50 años de conflicto armado, los más graves crímenes perpetrados y sus principales responsables. Si una comisión de este nivel no revela qué y quiénes estuvieron detrás del crimen que más víctimas ha dejado en este país, puede anticiparse su fracaso. Por otro lado, se creará un Tribunal a donde comparecerán todos aquellos máximos responsables de los crímenes más graves. Tal vez allí podamos ver sentados a empresarios, ganaderos, latifundistas, funcionarios públicos, entre otros tantos máximos responsables de la más agresiva contrarreforma agraria que ha vivido el país.
El segundo es la terminación del conflicto armado con esta guerrilla y la posibilidad de adelantar procesos de restitución en el sur del país y en otras zonas de marcada influencia guerrillera. Con dinámicas distintas pero con resultados idénticos, las FARC-EP han sido señaladas como responsables de un alto porcentaje de los desplazamientos internos, pero al igual que con la macrocriminalidad del paramilitarismo, estos hechos han sido altamente invisibilizados por la administración de justicia, pese a las numerosas sentencias emitidas en contra de los máximos comandantes de este grupo guerrillero.
El mecanismo judicial de restitución de tierras es sin duda valioso, pero será inane en su propósito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hectáreas, según los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de él, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los crímenes cometidos.
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